Los representantes de este colectivo aseguraron que se ha abandonado por completo durante esta investidura
Representantes de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias exigieron este viernes en el Parlamento regional que se cumpla la Ley de Bibliotecas, aprobada por unanimidad en 2019 y que empezó a desarrollarse en la pasada legislatura pero que se ha abandonado en esta, según denunciaron.
«La situación es lamentable y se debe a la falta de compromiso de la administración pública, que no destina financiación suficiente ni implementa una planificación estratégica estructural y evaluable», denunció la bibliotecaria Natalia Navarro Sosa en la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.
Una de las leyes más avanzadas
En esta comisión estuvo previamente la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, a quien invitaron a quedarse a escuchar la comparecencia de las representantes de la Asociación, pero se excusó porque nunca se suele quedar.
La presidenta de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, Ángeles Domínguez Guerra, subrayó en su intervención «la imperiosa necesidad» de que se cumpla la Ley de lectura y bibliotecas de Canarias para que haya servicios bibliotecarios dignos en las islas y se respeten los derechos culturales de la ciudadanía.
«¿Qué valor real tiene una ley si no se aplica?», preguntó Ángeles Guerra a la comisión parlamentaria, y subrayó que el sistema de bibliotecas está gestionado sin rigor técnico, sin desarrollo reglamentario, sin formación profesional, con un mapa caducado y sin fiscalización, lo cual lo condena «a la obsolescencia y a la irrelevancia».
La Ley de Bibliotecas de Canarias es «una de las más avanzadas del Estado», con hitos como la obligatoriedad de que en cada municipio haya al menos una biblioteca pública, la dotación presupuestaria para su aplicación y la exigencia de estar dotadas con personal cualificado, destacó.
La bibliotecaria reconoció que durante la pasada legislatura «se pusieron los cimientos del sistema bibliotecario de Canarias, «pero con el nuevo Gobierno hemos vuelto a la casilla de salida», denunció.
Desfase y dejadez en las funciones
El Plan de Lectura de Canarias 2023-2030 solo se ha desplegado de manera superficial, el Mapa de Bibliotecas de Canarias se encuentra desfasado y después de siete años de aprobada la ley no existe el reglamento de desarrollo, con lo cual la política bibliotecaria está «en un limbo normativo», continuó.
Tampoco se ha puesto en marcha el Plan de Desarrollo Profesional, publicado en enero de 2023, de manera que no hay formación a pesar de la alta rotación y la necesidad de actualización constante del personal bibliotecario.
«La dejadez de funciones alcanza su punto máximo en la inactividad del Consejo Canario de Lectura y Bibliotecas«, que debe reunirse dos veces al año, pero que no se ha convocado desde febrero de 2023, expuso Guerra.
También está pendiente la implantación del servicio de inspección y evaluación de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, cuya función es garantizar la calidad del sistema.
Una biblioteca por municipio
La representante de los bibliotecarios instó al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos, responsables de la gestión de las bibliotecas municipales, y a los cabildos a colaborar para sacar a Canarias «del vagón de cola en hábitos de lectura y uso de bibliotecas«.
Guerra explicó que otro problema añadido es que muchos edificios en los que se ubican las bibliotecas no cumplen la superficie mínima requerida, están mal zonificados, son poco accesibles y carecen de equipamiento adecuado.
«La situación es especialmente preocupante en municipios pequeños y zonas rurales, donde las bibliotecas a menudo son el único punto de acceso a la cultura y la información para la población», advirtió.
La ley obliga a que cada municipio tenga una biblioteca, pero eso no significa solo la existencia física de un espacio, sino que haya «estándares mínimos de personal, colecciones, servicios e infraestructura», exigió.
